El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha expresado su respaldo a la propuesta del Grupo Parlamentario Sumar de modificar el sistema de multas de tráfico, vinculando su importe a los ingresos de los infractores. En una entrevista reciente, Bustinduy calificó la iniciativa como "loable", destacando su potencial para mitigar la desigualdad económica en la sociedad.
La propuesta de Sumar, que actualmente se debate en el Congreso, busca que las sanciones económicas por infracciones de tráfico sean proporcionales a la capacidad económica del infractor. Según el partido, el impacto de una multa de 100 euros no es el mismo para una persona que ingresa más de 5.000 euros mensuales que para alguien que percibe el salario mínimo. Para abordar esta disparidad, Sumar propone un incremento sustancial en las multas para aquellos con mayores ingresos.
"El objeivo es reducir la desigualdad"
Bustinduy, en declaraciones a RTVE recogidas por Europa Press, enfatizó que esta medida se alinea con el objetivo del Gobierno de reducir la desigualdad en todos los ámbitos de las políticas públicas. El ministro argumentó que la progresividad en el sistema fiscal es fundamental para construir una sociedad más cohesionada y próspera. "Está demostrado que las sociedades más cohesionadas, menos desiguales, son las más prósperas también, las más seguras, las más estables", afirmó.
La Proposición de Ley presentada por Sumar plantea modificar el artículo 81 de la Ley de Tráfico, estableciendo un sistema de sanciones que tenga en cuenta la capacidad económica del infractor. La propuesta detalla los siguientes incrementos:
- 150% para infractores con ingresos brutos anuales entre 70.000 y 85.000 euros.
- 300% para infractores con ingresos brutos anuales entre 85.000 y 100.000 euros.
- 500% para infractores con ingresos brutos anuales superiores a 100.000 euros.
Además, la propuesta también contempla reducciones en las multas para personas con bajos ingresos. Aquellos que acrediten percibir ingresos de hasta 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) podrían beneficiarse de una reducción del 30%, mientras que aquellos con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el SMI podrían obtener una reducción del 15%.
Hay críticas que cuestionan la viabilidad de la medida
La iniciativa de Sumar ha generado un debate considerable sobre la equidad en el sistema de sanciones y la necesidad de adaptar las leyes a la realidad económica de los ciudadanos. Los defensores de la propuesta argumentan que este sistema, implementado en varios países europeos, garantiza que las multas tengan un impacto proporcional en todos los infractores, independientemente de su nivel de ingresos.
Sin embargo, también existen críticas que cuestionan la viabilidad y la complejidad de implementar un sistema de multas basado en la renta. Algunos expertos señalan la dificultad de verificar los ingresos de los infractores y el riesgo de que esta medida pueda generar desigualdades o discriminación.
A pesar de las críticas, el apoyo del ministro Bustinduy a la propuesta de Sumar sugiere que el Gobierno está dispuesto a considerar medidas innovadoras para abordar la desigualdad económica y garantizar que el sistema de sanciones sea más justo y equitativo.