Las trampas en la ITV son más habituales de lo que parece, pero de cuando en cuando sale a la luz algún caso de mayor relevancia de lo normal. Se ha cerrado la estación de ITV de Ondara (Alicante) tras el desmantelamiento de una presunta trama dedicada a certificar de manera ilegal vehículos con graves deficiencias técnicas. El escándalo ha salpicado incluso a un agente de la Guardia Civil y ha supuesto un varapalo a la confianza en las inspecciones técnicas de vehículos.
La operación contra esta red irregular ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil de Valencia y se ha materializado en una serie de detenciones y registros que han culminado con siete arrestados vinculados a la ITV de Ondara. Entre ellos figura un agente de la Guardia Civil destinado en el puesto de Oliva, junto con seis trabajadores de la propia estación de inspección técnica y también se investiga a varios clientes o usuarios habituales que presuntamente se beneficiaban de este sistema fraudulento.
Una operación en dos fases
Según la investigación, los implicados habrían estado certificando de forma irregular reparaciones que no se habían realizado realmente en los vehículos, conscientes de que dichos automóviles presentaban deficiencias técnicas importantes que, en condiciones normales, habrían provocado un resultado desfavorable en la ITV y la retirada del vehículo de la circulación. Esta práctica fraudulenta permitía, a cambio de dinero u otras ventajas, que coches con defectos siguieran circulando con la documentación oficial en regla.
El agente de la Guardia Civil, que ahora se encuentra suspendido de empleo y sueldo, presuntamente actuaba como intermediario o comisionista de la trama, facilitando la aprobación de coches en malas condiciones por parte de los trabajadores de la ITV. Según las fuentes, el propio agente habría llegado a acudir al volante de vehículos de sus “clientes” para que pasaran la revisión.
La operación se ha desarrollado en dos fases principales. En una primera, los investigadores detuvieron al agente de la Guardia Civil tras recabar pruebas suficientes que apuntaban a su papel central en la trama. Posteriormente, agentes de la benemérita se personaron en la estación de ITV de Ondara, donde arrestaron a los seis trabajadores presuntamente implicados, lo que llevó a la suspensión temporal de la actividad del centro de inspección.
Los detenidos en este caso han quedado en libertad con cargos, a la espera de que la investigación y las diligencias judiciales sigan su curso. Se les atribuyen inicialmente delitos de falsedad documental y contra la seguridad vial, y las autoridades no descartan que se les puedan añadir acusaciones más graves como pertenencia a organización criminal o corrupción continuada entre particulares, en función de cómo avance el proceso judicial.
Mientras la investigación sigue abierta, las autoridades han insistido en su compromiso de encontrar los vehículos que pudieron haber pasado la inspección de forma irregular, para evaluar si representan un peligro en las carreteras y adoptar las medidas necesarias.
Las consecuencias para la región
La situación ha generado un problema para los conductores de la comarca: la estación de ITV ha quedado prácticamente inoperativa durante días, impidiendo que muchos usuarios pudieran realizar sus inspecciones técnicas programadas o liberar citas para revisiones futuras. De hecho, el parón ha hecho que incluso para fechas futuras, la web de gestión de citas esté saturada hasta mayo.
El problema es que casos similares de fraude en estaciones de ITV no son aislados en España. En los últimos años, la Guardia Civil ha destapado varias tramas de inspecciones fraudulentas en otras comunidades, como en una operación llevada a cabo en Murcia en 2024. Así, se ha generado un debate sobre la vigilancia y control interno de estos centros de ITV, y sobre cómo garantizar que las inspecciones se realizan con los estándares técnicos y éticos adecuados.