El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha lanzado una advertencia directa sobre el impacto que pueden tener las nuevas cargas regulatorias vinculadas a las emisiones de dióxido de carbono en la industria europea.
A su juicio, el diseño actual de estos mecanismos puede terminar debilitando el tejido productivo del continente sin lograr una reducción real de emisiones a nivel global.
Descarbonizar de manera eficiente
Durante su intervención en un foro empresarial, el directivo defendió la necesidad de compatibilizar la descarbonización con la competitividad industrial. En este sentido, insistió en que Europa debe evitar políticas que encarezcan los costes de producción de sus empresas frente a competidores internacionales que operan con normativas ambientales menos exigentes.
Imaz calificó de “disparate” la aplicación de nuevas tasas o sobrecostes asociados a los derechos de emisión de CO₂ para determinados sectores industriales. Según explicó, este tipo de medidas no contribuye necesariamente a reducir las emisiones globales, sino que puede provocar el traslado de la actividad a otros países.
El ejecutivo alertó de que el resultado de estas políticas podría ser una “fuga de carbono”: el cierre o reducción de capacidad en Europa y la reubicación de la producción en regiones como Asia, donde los estándares medioambientales son más laxos. En ese escenario, el consumo europeo seguiría dependiendo de esos productos, pero con una huella de carbono incluso mayor debido al transporte y a los procesos de fabricación más intensivos en emisiones.
En su análisis, el problema no es el objetivo climático, sino el enfoque. Imaz defendió que la transición energética debe abordarse con pragmatismo y con una visión global del mercado, ya que gravar en exceso a la industria europea puede traducirse en pérdida de empleo, inversión y capacidad productiva sin beneficios ambientales significativos.
El consejero delegado de Repsol también puso el foco en el papel estratégico de la industria en la economía. Recordó que sectores como el refino, la química o los materiales básicos son fundamentales para el conjunto del sistema productivo y para la autonomía energética y tecnológica del continente.
En este contexto, reclamó a las autoridades europeas y nacionales un marco regulatorio estable y predecible que permita planificar inversiones a largo plazo. La incertidumbre normativa y el incremento de costes regulatorios, señaló, pueden frenar proyectos industriales y retrasar decisiones de inversión en tecnologías bajas en carbono.
Imaz defendió además que el objetivo debe ser reducir las emisiones donde realmente se producen, independientemente del origen del producto. En línea con planteamientos anteriores de la compañía, abogó por mecanismos que tengan en cuenta la huella de carbono de los bienes importados, de modo que las empresas europeas no compitan en desventaja frente a productores de terceros países.
El directivo enmarcó estas advertencias en un contexto de creciente presión regulatoria y de costes energéticos todavía elevados en Europa respecto a otras regiones. A su juicio, el continente se enfrenta a un equilibrio complejo: avanzar en la descarbonización sin deteriorar su base industrial.
La preocupación del sector se produce en un momento en el que la Unión Europea intensifica sus políticas climáticas y refuerza el sistema de comercio de emisiones, que fija un precio creciente al CO₂ con el objetivo de acelerar la transición hacia tecnologías limpias.
Sin embargo, Imaz insistió en que la eficacia de estas medidas debe evaluarse en términos globales. Si la producción se traslada fuera de Europa, advirtió, el resultado puede ser una reducción estadística de emisiones en el territorio europeo, pero un aumento real a escala mundial.