Con 8,9 millones de habitantes, el Gobierno de Quebec (Canadá) ha cambiado oficialmente su ambicioso plan de descarbonización del transporte. La provincia canadiense ya no prohibirá por completo la venta de coches nuevos de combustión a partir de 2035, como se había anunciado en 2021. En su lugar, ha establecido un nuevo objetivo que fija que el 90% de los vehículos nuevos vendidos en 2035 deberán ser de “cero emisiones”, una categoría que incluye los híbridos enchufables (PHEV) además de los eléctricos puros y los de hidrógeno.
El anuncio ha sido realizado por el ministro de Medio Ambiente, Bernard Drainville, y en los últimos días ha cobrado relevancia internacional. El responsable explicó que la medida busca ajustar las metas climáticas a la realidad actual del mercado, donde las ventas de vehículos eléctricos se han estancado y la infraestructura de carga todavía no cubre toda la demanda. “Debemos mantener el rumbo, pero hacerlo de manera realista. Las familias necesitan opciones asequibles y el sector, previsibilidad”, declaró Drainville.
Los eléctricos puros representan el 17,8% de las ventas totales
Hasta ahora, Quebec mantenía uno de los planes climáticos más estrictos de América del Norte, alineado con el objetivo federal de Canadá de alcanzar el 100% de ventas eléctricas en 2035. Sin embargo, las cifras de mercado muestran que el ritmo de adopción se ha ralentizado. Durante el primer semestre de 2025, los eléctricos puros representaron el 17,8% de las ventas totales, un avance menor que en 2024 debido al fin de algunos incentivos fiscales y al encarecimiento de los modelos.
Con la nueva normativa, Quebec permitirá que hasta un 10% del mercado siga siendo de vehículos de combustión más allá de 2035, y contará a los híbridos enchufables como parte del 90% de los “cero emisiones”, siempre que cumplan con una autonomía eléctrica mínima aún por definir. Este cambio otorga más margen a fabricantes y concesionarios, que venían alertando de los riesgos de una transición demasiado rápida para la cadena de suministro y el empleo.
El ajuste supone una divergencia parcial respecto al plan federal, aunque el propio Gobierno de Canadá ha abierto una revisión regulatoria para adaptar sus metas intermedias (20% en 2026 y 60% en 2030) al contexto económico actual. En Ottawa, el Ministerio de Medio Ambiente ha reconocido que “los avances son desiguales entre provincias” y que es necesario “mantener la ambición sin ignorar las barreras reales del mercado”.
La medida ha sido recibida con reacciones mixtas. Asociaciones de consumidores y concesionarios la han celebrado como un “retorno al pragmatismo”, mientras que organizaciones medioambientales advierten de que podría ralentizar la electrificación del parque automovilístico y alejar al país de sus compromisos de reducción de emisiones. “El riesgo es enviar la señal de que los objetivos climáticos son negociables”, ha afirmado la ONG Équiterre.
En términos industriales, el movimiento de Quebec también puede interpretarse como un intento de proteger su ecosistema automotriz local, que ha invertido fuertemente en el desarrollo de baterías y materiales críticos. Analistas señalan que, con esta flexibilización, el gobierno busca mantener la inversión privada sin poner en peligro el calendario de transición energética, priorizando el crecimiento económico y la estabilidad social.
La decisión se produce además en un momento de revisión global de las políticas de electrificación. En Europa, países como Alemania, Italia o Reino Unido han pedido retrasar o matizar el veto a los motores térmicos, mientras que Francia y España insisten en mantener la fecha de 2035. El paso atrás de Quebec añade un nuevo ejemplo a la lista de gobiernos que recalibran sus metas ante la desaceleración de las ventas eléctricas y la presión sobre los costes.
¿Puede Quebec tomar esta decisión?
Quebec supone alrededor del 22 % de la población de Canadá. Junto con Ontario, es una de las dos provincias más pobladas e influyentes del país, con un peso político y económico que la convierte a menudo en referencia de las políticas federales.
En el sistema federal canadiense, Ottawa fija los objetivos nacionales de emisiones y el marco regulatorio base, incluido el mandato “cero emisiones” con hitos del 20% en 2026, 60% en 2030 y 100% en 2035. Las provincias, por su parte, gestionan la aplicación práctica en transporte y comercio interior, pudiendo modular exigencias o elevar y rebajar metas siempre que no contradigan las normas federales esenciales.
Así, Quebec no deroga el objetivo nacional, pero establece su estándar provincial. Por tanto, se trata de una rebaja de ambición que no rompe el marco federal, viable legalmente porque el mandato federal está en revisión. Dicho de otro modo, en la práctica, Quebec actúa como laboratorio político, ya que tiene incentivos propios, leyes ambientales robustas y una red eléctrica casi 100 % hidráulica, por lo que suele marcar el rumbo de la movilidad en Canadá, aunque en esta ocasión lo haga en sentido más gradualista.