El Gobierno de España ha cerrado el año con una batería de medidas fiscales que, aunque orientadas a cumplir las directrices climáticas de la Unión Europea, supondrán un aumento de los costes asociados a los vehículos diésel y de gasolina en 2026.
Las nuevas tasas, publicadas discretamente tras la última reunión del Consejo de Ministros, buscan limitar el uso de los combustibles fósiles, incentivar la transición hacia vehículos eléctricos e híbridos enchufables y financiar la conservación de infraestructuras públicas.
Mientras los eléctricos reciben ayuda, el impuesto al diésel lo equipara fiscalmente la gasolina
El Gobierno ya anunció en el Plan Auto los incentivos a la compra de vehículos eléctricos y puntos de recarga se mantienen vigentes, incluyendo deducciones fiscales y ayudas para particulares y empresas, los propietarios de coches de combustión afrontarán en los próximos meses un escenario impositivo más exigente.
El paquete de medidas incluye un impuesto específico al diésel y la potestad de los ayuntamientos para implantar tasas por circular en Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), dirigido a reducir la presencia de vehículos con motor térmico en los núcleos urbanos.
La medida más señalada es la prevista subida de impuestos al diésel, que el Ejecutivo prepara para 2026 y que podría concretarse en una eliminación paulatina de las bonificaciones históricas que este combustible ha disfrutado en España durante décadas. Actualmente, el diésel está gravado con un tipo menor que la gasolina, pero la intención oficial es equiparar la carga fiscal de ambos carburantes, lo que, según estimaciones de organizaciones como la OCU, podría encarecer el coste del gasóleo en alrededor de 7 a 11 céntimos de euro por litro.
La consecuencia para los conductores sería inmediata: llenar un depósito medio de un turismo puede costar hasta 6 euros más que actualmente, sumando más de 100 euros al año en combustible para un uso habitual de unos 15.000 kilómetros. El impacto sería todavía mayor para vehículos de transporte pesado, cuyo consumo de diésel es sustancialmente superior.
El Gobierno ha defendido el cambio como una herramienta para desincentivar el uso de combustibles fósiles, reducir las emisiones de CO₂ y armonizar la fiscalidad española con las metas del Pacto Verde Europeo. La Comisión Europea ha reiterado que la reforma del impuesto de hidrocarburos forma parte de los requisitos para el acceso a fondos comunitarios destinados a políticas verdes y de innovación.
Tasas municipales en Zonas de Bajas Emisiones
La segunda pata del nuevo esquema impositivo es la habilitación expresa para que los ayuntamientos implanten tributos por el acceso de vehículos de gasolina y diésel a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que ya existen en varias grandes ciudades como Madrid o Barcelona y que gradualmente van cobrando mayor protagonismo en las políticas urbanas de movilidad.
Estas tasas municipales, que se sumarían además a las restricciones de circulación ya vigentes para vehículos más antiguos o con mayores emisiones, tienen como objetivo reducir la congestión y la contaminación atmosférica en áreas urbanas densamente pobladas. Aunque las tarifas concretas quedarán en manos de cada consistorio, se espera que oscilen en función de factores como el nivel de emisiones del vehículo, la hora del día y la zona afectada.
Algunos gobiernos locales han adelantado que estas tasas podrían estructurarse como un peaje urbano temporal, aplicable solo en horas punta o en periodos de alta polución, con exenciones para vehículos eléctricos y aquellos con etiquetas ambientales más limpias. El objetivo es incentivar la electrificación de flotas urbanas, taxis y vehículos de reparto, contribuyendo al objetivo de neutralidad climática a medio plazo.
La OCU ha señalado que, si se aplican estas medidas, muchos propietarios podrían reconsiderar sus planes de renovación del parque automovilístico hacia opciones más eficientes o completamente eléctricas.
Estas decisiones podrían acelerar la transición hacia modelos electrificados y cero emisiones, reflejando un cambio de paradigma que, según el Observatorio de Combustibles Alternativos, ya se observa en las matriculaciones recientes: en 2025, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos enchufables han mostrado un crecimiento sostenido, impulsadas tanto por incentivos públicos como por la ampliación de la oferta de modelos.