En una maniobra desconcertante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revocado por completo el ‘Dictamen de Peligro’, que salió a la luz en el año 2009, con el presidente Barack Obama, regulaba los criterios y medidas clave para poder reducir las emisiones de gases nocivos.
Añadiendo todavía más leña al fuego, Trump ha firmado una orden ejecutiva que obliga al Departamento de Defensa a priorizar el uso de electricidad generada con carbón para sus operaciones críticas, en un movimiento que busca reforzar la seguridad energética del país y reactivar una industria en declive.
Adiós a las medidas para evitar el calentamiento global
El anuncio se produjo durante un acto con representantes del sector minero, donde el mandatario defendió la necesidad de recuperar lo que denominó la industria del “carbón limpio” y frenar el cierre de centrales térmicas previsto en los próximos años.
La medida forma parte de una estrategia más amplia orientada a garantizar el suministro eléctrico del complejo militar y de defensa mediante fuentes consideradas firmes y continuas.
Según el texto de la orden, el objetivo es asegurar el acceso a una energía “fiable y asequible”, proteger miles de empleos vinculados al sector y reforzar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
Desde el inicio de su mandato, la administración asegura haber paralizado el cierre de instalaciones que suman 17 GW de potencia, además de eliminar obstáculos regulatorios tanto para la minería de carbón como para las centrales térmicas.
La iniciativa se enmarca en una política energética más amplia que también busca facilitar la explotación de petróleo y gas, reduciendo restricciones impuestas durante la anterior administración.
El decreto subraya que el “hermoso y limpio carbón” desempeña un papel “crítico”. El documento advierte de que “cualquier interrupción prolongada del suministro amenaza la seguridad nacional y su estabilidad económica” al aportar potencia firme, esencial para el funcionamiento continuo de bases militares, infraestructuras estratégicas y la industria de defensa.
En este contexto, la orden establece que los secretarios de Defensa y de Energía deberán promover contratos de suministro a largo plazo con centrales de carbón para garantizar el abastecimiento en misiones consideradas críticas. La prioridad, según el texto, será evitar apagones y asegurar una red eléctrica resistente ante situaciones extremas.
La administración justifica la decisión señalando que las fuentes renovables intermitentes, como la eólica y la solar, pueden resultar vulnerables ante fenómenos meteorológicos severos, lo que, a su juicio, podría dejar expuestas instalaciones militares estratégicas.
El impulso al carbón irá acompañado de financiación pública. El Departamento de Energía ha anunciado una inversión de 175 millones de dólares (unos 150 millones de euros) destinada a plantas de combustibles fósiles con el fin de mantener su operatividad.
Además, se han asignado 147 millones de euros para financiar seis proyectos de carbón en los estados de Virginia Occidental, Ohio, Carolina del Norte y Kentucky. Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio, anunciado en septiembre, que prevé movilizar 525 millones de dólares (unos 442 millones de euros) para modernizar y ampliar la flota de centrales de carbón en el país.
Durante el acto, Trump afirmó que el Gobierno federal incrementará las compras de carbón a través del Ejército, una decisión que el propio sector ha celebrado. El presidente ha sido reconocido por la industria como el “campeón indiscutible del carbón”.
Estados Unidos dispone de amplias reservas de este recurso y, pese al avance de otras tecnologías, el carbón sigue generando entre el 15 % y el 20 % de la electricidad del país. No obstante, numerosas plantas tienen previsto su cierre en los próximos años por motivos económicos, regulatorios y ambientales.
Con esta orden, la Casa Blanca introduce un giro significativo en la política energética aplicada al ámbito de la defensa: el carbón pasa a considerarse una fuente estratégica para garantizar el funcionamiento del aparato militar y la resiliencia del sistema eléctrico en escenarios de crisis. El movimiento combina objetivos industriales, energéticos y de seguridad nacional, y consolida el papel del Ejército como actor clave en el intento de revitalizar un sector que, pese a su peso histórico, afronta una progresiva pérdida de protagonismo en el mix eléctrico estadounidense.