La futura Ley de Movilidad Sostenible representa una oportunidad histórica para sentar las bases de un sistema de transporte más eficiente, justo y respetuoso con el medio ambiente. A pesar de ello, no se prevé que incluya la obligación de que las grandes empresas electrifiquen sus flotas de vehículos. Sin embargo, esta medida sí parece estar en la agenda de la Comisión Europea, que actualmente está evaluando la posible presentación de un futuro proyecto de ley de flotas.
Antes de hablar de los beneficios y efectos que tendría dicha normativa, cabe señalar algunos números que justifican el porqué. En 2024, los registros de vehículos en España reflejaron que el 58,4% de las matriculaciones correspondieron a empresas. Este porcentaje se desglosa en un 40,8% para flotas corporativas y empresas de renting, y el resto para el sector de Rent-a-Car. En contraste, las matriculaciones de particulares representaron solo el 41,6% del total.
Cabe igualmente señalar que la mayoría de los vehículos que llegan al mercado de ocasión con una edad reducida proceden de los canales empresariales. Apenas un 8,6% de los vehículos comerciales de ocasión y un 6,1% de turismos procedentes del canal particular tienen 4 años o menos, en contraposición al 56,1% y el 30,5% respectivamente en el canal empresa. Esto es una prueba de la alta rotación existente dentro del canal empresarial, lo cual lo convierte en un elemento crucial en el proceso de descarbonización del parque automovilístico, más aún si tenemos en cuenta que más del doble de adquisiciones (2,1 veces más para ser exactos) de vehículos ocurren en el mercado de segunda mano.
Alejándonos un poco de los números, es crucial entender que los objetivos propuestos se aplicarían única y exclusivamente a las grandes empresas. Muchas de éstas ya han implementado metas internas ambiciosas en relación con la descarbonización de sus flotas, como es el caso de los miembros del grupo EV100, una iniciativa global que reúne a empresas comprometidas con acelerar la transición a los vehículos eléctricos. Algunas de ellas tan conocidas como IKEA, Iberdrola, Unilever o Siemens. En ningún caso, el objetivo de esta medida es perjudicar a los actores más vulnerables del tejido económico, como son las Pequeñas y Medianas Empresas o los trabajadores autónomos.
De hecho, podría argumentarse que el efecto deseado es justo el opuesto. Es fundamental alimentar el mercado de segunda mano con vehículos modernos, seguros y de cero emisiones, a precios más asequibles, y hacerlo con la mayor celeridad posible. Esto es crucial, dada la gran dependencia de las PYMES, los autónomos y los particulares de este mercado.
Lo más importante es que tampoco perjudica a las empresas grandes. Con decenas o cientos de vehículos a cargo de cada una de ellas, poner objetivos pragmáticos y racionales a sus nuevas adquisiciones (recordemos que los objetivos son solo para los vehículos nuevos), las puede incentivar para acondicionar y proveer con cargadores eléctricos sus instalaciones, los cuales, mientras no son usados por los vehículos de la empresa, pueden ser cruciales al proveer de un punto de carga a los coches particulares de los trabajadores que no dispongan de uno en su vivienda. Por no hablar de que la electrificación de las flotas puede traducirse en una reducción significativa de los costes operativos a lo largo del ciclo de vida de los vehículos.
Los beneficios de unas flotas más sostenibles
Hablando de beneficios, algunos son casi universales, o al menos ampliamente extendidos. Entre ellos, la mejora de la calidad del aire urbano, donde la baja circulación del aire puede llevar a la acumulación de emisiones como óxidos de nitrógeno (NOx), partículas finas (PM2.5) y otros compuestos orgánicos volátiles, conocidos por causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Además, esta medida contribuiría a disminuir la contaminación acústica, otra de las grandes dolencias de las urbes.
Se presenta ante nosotros una oportunidad excelente para impulsar el mercado de vehículos eléctricos de ocasión. Unos objetivos realistas, perdurables en el tiempo y correctamente implementados, contribuirían a mejorar la situación actual y además, conseguirían revertir la creciente antigüedad media del parque automovilístico. Unas metas que, sin duda, deberían ir acompañadas de incentivos económicos o fiscales que faciliten a las empresas poder cumplir con dichos propósitos.
Para finalizar, la adopción de unos objetivos de descarbonización para flotas de empresa ayudaría a la consecución de las metas proyectadas en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), según el cual se planea alcanzar la cifra de 5,5 millones de vehículos eléctricos en España para el año 2030. Estamos lejos de conseguirlo y cualquier medida que pueda contribuir a lograrlo debería ser bienvenida. La decisión final está ahora en manos de los políticos.