Dentro de la movilidad, las empresas de transporte y paquetería tienen un peso notable. Las entregas a domicilio son cada vez más habituales y ya forman parte del panorama de nuestras ciudades las furgonetas de reparto de todo tipo de empresas. Acumulan kilómetros y, por tanto, son una fuente de emisiones contaminantes a tener en cuenta, así que la electrificación de sus flotas supone una transición importante.
Los trabajadores conducen los vehículos que les suministran sus compañías, pero, ¿qué opinan los usuarios, aquellos que requieren sus servicios, sobre si deben ser eléctricos o no? Según una encuesta realizada por Geotab, la mayoría de los ciudadanos está concienciada en este aspecto… pero no a cualquier precio.
Eléctricos sí, pero sin pagar más por ellos
Los resultados indican que siete de cada diez ciudadanos (73 %) creen que las empresas de transporte y reparto deberían electrificar sus flotas, reemplazando sus vehículos de combustión por modelos completamente eléctricos o, al menos, electrificados. Es más, un tercio de los encuestados (33 %) exige que la transformación se lleve a cabo cuanto antes.
El problema es que, aunque estén a favor del cambio, no creen que ellos deban pagar para que tenga lugar. Según la encuesta, solo un 15 % de los participantes estaría dispuesto a pagar un recargo en las entregas a cambio de que las realizara un vehículo eléctrico.
Iván Lequerica, vicepresidente de EMEA en Geotab, ha declarado: “Esta encuesta ilustra perfectamente el principal reto de la transición energética: equilibrar la demanda social con la realidad económica. Por eso abogamos por un enfoque pragmático de la sostenibilidad”.
La percepción del transporte de mercancías
El informe también arroja cierta luz sobre la percepción que tiene la población sobre esta materia: para el 32 % el transporte de mercancías es una de las principales fuentes de impacto ambiental, situada solo por detrás del transporte privado (50 %); y un 12 % directamente apunta específicamente a las entregas de paquetería. Además, resulta llamativo que en ciertas regiones, como Canarias o Galicia, la unión entre logística y contaminación es mucho más marcada (67 % y 58 %, respectivamente).
Según los datos del estudio, en España, el 43 % de los vehículos de flotas privadas y públicas ya están preparados para ser eléctricos teniendo en cuenta cuestiones como la autonomía y el coste total de propiedad. La entidad asegura que, si se lleva a cabo la transición, en los próximos 7 años las flotas podrían ahorrar hasta 18.800 litros de combustible, equivalente a un ahorro medio de 12.000 unos euros y a dejar de emitir unas 43 toneladas de emisiones de CO2.
A pesar de ello, es entendible la dificultad de acometer el reemplazo de los vehículos de combustión por otros de cero emisiones, especialmente en flotas grandes, por el elevado coste que tiene cada modelo de baterías.
“El objetivo debe ser cumplir con los compromisos medioambientales y, al mismo tiempo, aprovechar una oportunidad estratégica para mejorar la rentabilidad. Esto implica analizar el coste total de propiedad y aprovechar todo el potencial del modelo de negocio para garantizar un crecimiento y una resiliencia sostenibles a largo plazo”, concluye Lequerica.