A partir del 1 de enero de 2026, los triángulos de emergencia serán sustituidos obligatoriamente por las balizas V16 conectadas en España. La medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), asegura mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos de atropello al señalizar vehículos averiados sin necesidad de salir del coche. Sin embargo, detrás de la lógica de seguridad se esconde un negocio millonario que ya lleva tiempo dando que hablar.
Las nuevas balizas V16, además de emitir luz visible a un kilómetro de distancia, deben contar con conectividad permanente durante al menos 12 años, interactuar con la plataforma DGT 3.0 para enviar la geolocalización, y cumplir con estrictos estándares de homologación. Este sistema permite que los paneles luminosos de las carreteras y los vehículos conectados adviertan de la presencia de un automóvil inmovilizado, pero no sustituye la responsabilidad del conductor de contactar con los servicios de emergencias o la aseguradora del vehículo.
El negocio detrás de las balizas
El precio medio de una baliza V16 conectada ronda los 50 euros, incluyendo el servicio de datos, aunque se pueden conseguir más baratas, pues los fabricantes chinos las están comercializando por menos de 25 euros, es decir, la mitad de precio. Con más de 30 millones de vehículos que podrían requerirlas, según los registros de la DGT y datos de aseguradoras, la inversión colectiva podría superar los 1.500 millones de euros. A ello se suma el IVA, que dejará a Hacienda unos ingresos estimados de 300 millones de euros solo en concepto impositivo. Que sea obligatoria, y lleve el impuesto público no ha convencionado a algunas partes de la sociedad.
El negocio no se limita al comprador final. Los fabricantes de balizas, los laboratorios de homologación autorizados por la DGT, y las compañías de telecomunicaciones se posicionan como claros beneficiarios. Actualmente, solo solo una treintena de fabricantes cuentan con productos homologados, mientras que empresas como Vodafone, Telefónica y Masorange proporcionan la conectividad obligatoria, generando contratos que se trasladan directamente al precio de venta, y consolidan un lucrativo ecosistema industrial.
La polémica está servida
La polémica ha sido constante desde los primeros pasos del proyecto. La idea original surgió en 2013 para sustituir los triángulos en situaciones de emergencia sin riesgo de atropello. Su obligatoriedad fue confirmada en 2021, y desde entonces se ha generado debate sobre la necesidad real de estas balizas, especialmente considerando que todos los coches nuevos ya incorporan el sistema e-Call y que los teléfonos móviles tipo smartphone ofrecen geolocalización.
Además, cabe destacar que en el resto de países europeos y extranjeros no existe tal obligatoriedad, y que en la mayoría de territorios comunitarios con lo que están familiarizados es con los triángulos. Por tanto, no está de más dejarlos en el vehículo si estamos pensando en viajar fuera de España, además de atender a la normativa de circulación de cada país en el que vayamos a conducir para evitar malentendidos y posibles sanciones en este sentido. Como sea, nos podemos amparar en el artículo 39 de la Convención sobre la Circulación Vial de Viena de 1968, que establece que cada vehículo que circule a nivel internacional debe cumplir las normas del país en el que se matriculó.
La DGT defiende la medida señalando que entre 2018 y 2022 fallecieron decenas de personas al salir del vehículo para colocar los triángulos en la calzada, pero hay críticos y usuarios de la vía que cuestionan la dimensión económica del proyecto. Para algunos conductores, se trata de un gasto adicional, de mantenimiento periódico y de dependencia de servicios de telecomunicaciones, mientras que los fabricantes y el Estado se benefician de un mercado prácticamente asegurado.
En definitiva, la llegada de las balizas V16 conectadas no solo representa un avance en seguridad vial, sino también la consolidación de un lucrativo negocio que mueve miles de millones de euros al año. Desde fabricantes hasta operadores de telecomunicaciones y Hacienda, todos encontrarán en estas luces un filón económico difícil de ignorar.