El Gobierno de Giorgia Meloni ha endurecido su pulso contra la normativa europea que prohíbe la venta de coches nuevos de gasolina y diésel a partir de 2035. La primera ministra ha llegado a definir esa decisión como una “follia ideologica” (“locura ideológica”) que, en sus palabras, debe corregirse, abriendo un frente político directo con Bruselas en plena revisión de las reglas del coche eléctrico.
La norma cuestionada forma parte de la revisión de los estándares de CO2 para turismos y furgonetas nuevos en la UE, que fija que, a partir de 2035, todos los vehículos que se matriculen deberán ser de cero emisiones directas. En la práctica, eso supone el final de los motores de combustión interna convencionales en los coches nuevos, salvo algunas exenciones de nicho. El objetivo es alinear el transporte por carretera con la meta de neutralidad climática en 2050.
Italia no está “contra el coche eléctrico”
En una entrevista con el medio italiano Open, Meloni sostuvo que “no tiene ningún sentido autoimponerse el veto a producir coches diésel y gasolina desde 2035”. Reiteradamente ha repetido este mensaje, incluso, en la Cámara de Diputados, antes de un Consejo Europeo, comprometiéndose a trabajar para cambiar la norma.
La líder italiana insiste en que su Gobierno no está “contra el coche eléctrico”, al que reconoce un papel en la descarbonización, pero rechaza que se convierta en única vía obligatoria. Su discurso pivota en torno a la llamada “neutralidad tecnológica”, y deja la puerta abierta a otras soluciones como biocarburantes, combustibles sintéticos (e-fuels) o hidrógeno, al tiempo que denuncia el riesgo de nuevas dependencias estratégicas de China en baterías y materias primas.
Bajo el Gobierno de Mario Draghi, Italia apoyó el paquete climático. Con la llegada de Meloni, se alineó con Polonia y Hungría en el bloque de países críticos con el calendario de 2035, primero expresando reservas y después votando en contra o absteniéndose en las fases finales del proceso en el Consejo. El ministro de Medio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, llegó a celebrar como “positivo” el retraso de una de las votaciones sobre el reglamento que fija el fin de los motores térmicos.
Varios pesos pesados del Ejecutivo han reforzado esa línea. Pichetto Fratin y el ministro de Empresa, Adolfo Urso, han criticado reiteradamente el calendario de 2035 por considerarlo irrealista para la industria europea y para el empleo, reclamando una revisión anticipada de la norma y la apertura explícita a combustibles bajos en carbono. El vicepresidente y ministro de Transportes, Matteo Salvini, ha ido más lejos en el tono, describiendo el fin de los motores de combustión como fruto de un “fanatismo verde” y una decisión puramente ideológica.
En paralelo al Gobierno, el Partido Popular Europeo (PPE), del que forma parte Forza Italia, ha hecho suya buena parte de estos argumentos. En diciembre de 2024, el grupo aprobó un position paper que pide anular el veto tal y como está redactado, adelantar la revisión a 2025 y recuperar la “neutralidad tecnológica” como principio rector, permitiendo vender después de 2035 coches con combustión si usan combustibles sintéticos o biocarburantes.
Ese clima se ha visto reforzado recientemente por declaraciones como las del eurodiputado italiano Flavio Tosi (Forza Italia/PPE), que el pasado 21 de octubre celebró que la Comisión vaya a reabrir el debate y aseguró que “prohibir los coches de gasolina y diésel para 2035 es una norma absurda”. A su juicio, no hace falta “prohibir ni castigar”, sino frenar “el extremismo ideológico verde” y combinar sostenibilidad con competitividad industrial y empleo mediante una transición más gradual.
Desde Bruselas, sin embargo, la Comisión Europea ha reiterado que mantiene el objetivo de que todos los coches y furgonetas nuevos vendidos en 2035 sean de cero emisiones. Lo que sí ha hecho es adelantar la revisión prevista para 2026 a este año 2025 y suavizar temporalmente algunas condiciones de cumplimiento intermedio, sin tocar de momento la fecha final de eliminación de los motores contaminantes. La decisión ha sido presentada como un intento de dar aire a los fabricantes, muy presionados por la competencia china en vehículos eléctricos.
La industria automovilística europea, por su parte, reclama más flexibilidad para llegar a tiempo. La patronal ACEA ha advertido de posibles multas millonarias por no cumplir los límites de emisiones y ha pedido moratorias y mecanismos más laxos de cálculo, mientras insiste en que ni la demanda de eléctricos ni la infraestructura de recarga están aún donde deberían. Organizaciones ecologistas como Transport & Environment alertan, en sentido contrario, de que rebajar la ambición regulatoria pondría en riesgo los objetivos climáticos y la competitividad a largo plazo frente a China y Estados Unidos.
Países europeos a favor de Italia, y otros en contra
En Alemania, el canciller Friedrich Merz se ha posicionado a favor de tumbar el veto de 2035, defendiendo que la UE no debe fijar por ley el final de una tecnología concreta. Sin embargo, su Gobierno sigue dividido, ya que el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider (SPD), recuerda que la coalición aún no tiene una postura común y que el objetivo de cero emisiones en 2035 sigue siendo la base del marco regulatorio, mientras los Länder y la industria piden suavizar la norma y revisarla cuanto antes.
En Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico ha anunciado que su Gobierno pedirá una “revisión política” del objetivo de 2035. Argumenta que la prohibición amenaza a un sector que representa alrededor del 10% del PIB, el 44% de las exportaciones y más de 100.000 empleos directos, y quiere coordinar una posición común del Grupo de Visegrado antes de llevar la batalla al Consejo Europeo.
En el otro lado de la balanza, España respalda el objetivo europeo y recuerda que la legislación climática española ya prevé el fin de las ventas de turismos y furgonetas de combustión en 2035, rechazando tanto un retraso del calendario como ventajas especiales para los híbridos enchufables más allá de esa fecha; el mensaje es que “el futuro de la industria automovilística europea será eléctrico” y que rebajar ahora la ambición generaría más incertidumbre que alivio
Al igual que Francia que defiende mantener intacto el veto de 2035 y en una carta reciente a los líderes europeos pide “seguir en la senda fijada”, aunque reclama incentivos y reglas de “made in Europe” para proteger a su industria frente a China y Estados Unidos.