“Los coches de Málaga entrarán en la Zona de Bajas Emisiones hasta que vayan al desguace”. La frase, pronunciada por la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, resume el giro que ha dado el Ayuntamiento malagueño a su ZBE, ya que los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT podrán seguir accediendo al centro de la ciudad de manera indefinida, siempre que cumplan una única condición, según Diario Sur.
La medida llega en plena implantación obligatoria de Zonas de Bajas Emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, tal y como exige la Ley de Cambio Climático y el Real Decreto 1052/2022, que desarrolló su aplicación práctica. Estas áreas restringidas nacieron con el objetivo de reducir la contaminación, obligando a los vehículos más antiguos y contaminantes a quedarse fuera de los cascos urbanos.
Así queda la normativa
En Málaga, la ZBE abarca unas 437 hectáreas, delimitadas por un anillo de grandes avenidas y controladas por decenas de cámaras de lectura de matrículas conectadas al padrón y a la base de datos de Tráfico. La ordenanza prevé una implantación gradual, ya que durante el primer año pueden entrar todo tipo de coches, tengan o no etiqueta, y a partir del segundo empezarán las restricciones para quienes no están vinculados al municipio.
El “truco” está precisamente ahí. Desde el tercer año, y sin fecha de caducidad, podrán seguir entrando libremente en la ZBE todos los turismos sin etiqueta y con etiqueta B que estén domiciliados en Málaga, es decir, que paguen en la ciudad el impuesto de vehículos. Para el resto, es decir, es decir, los que no figuren en el padrón municipal, el acceso quedará vetado de forma permanente.
Hernández defiende la decisión como una forma de proteger a quienes tienen menos recursos y no pueden cambiar de coche a corto plazo. Según la concejala, obligar a renovar de golpe el parque más antiguo penalizaría a miles de familias que dependen de su vehículo para trabajar o moverse por la ciudad, por lo que se ha optado por permitir que esos coches “agoten su vida útil” mientras sigan a nombre del mismo titular.
El modelo malagueño no se ha quedado aislado. La propia edil presume de que ciudades como Madrid o Granada han modificado sus ordenanzas para copiar parcialmente este esquema, permitiendo que los vehículos censados en sus términos municipales sufran menos restricciones que los de fuera. Es la llamada “nueva ola” de ZBE blandas, que suavizan el impacto de la norma nacional sobre los residentes y desplazan parte del esfuerzo a los visitantes.
Los críticos advierten, sin embargo, de que este tipo de excepciones pueden vaciar de contenido las Zonas de Bajas Emisiones. Si todos los coches antiguos de la ciudad pueden seguir entrando hasta el final de su vida, el recorte de emisiones será mucho menor del previsto, y se corre el riesgo de convertir la ZBE en una barrera que afecte casi en exclusiva a quienes viven en otros municipios o acuden a Málaga por trabajo u ocio.
Para los conductores, la diferencia es clara. Quien tenga un coche sin etiqueta domiciliado en Málaga podrá seguir entrando en la ZBE cualquier día y a cualquier hora, mientras quien tenga un vehículo idéntico pero registrado en otro municipio se enfrentará a una multa de 200 euros si accede a la zona restringida una vez finalicen los periodos transitorios. La ZBE estará activa los 365 días del año, las 24 horas, sin franjas horarias de libre circulación.
La decisión también abre incógnitas jurídicas. Europa ha advertido en varias ocasiones de que las ZBE deben ser herramientas efectivas de reducción de emisiones y no meros cambios cosméticos, y el Gobierno central ha vinculado una parte de los fondos europeos Next Generation al cumplimiento de esos objetivos. Si las excepciones acaban siendo demasiado amplias, no se descartan futuros ajustes normativos a instancias del Estado o de la Unión Europea.
De momento, lo que sí es seguro es que Málaga ha consolidado un modelo propio, con una ZBE que mantiene el discurso de la sostenibilidad pero que, en la práctica, garantiza a los coches más viejos de los malagueños una especie de “permiso vitalicio” para seguir entrando en el centro. Un equilibrio delicado entre la presión ambiental y el coste social que, para bien o para mal, otros ayuntamientos ya miran de reojo.