El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución por la que se da publicidad a la Autorización Ambiental Integrada (AAI) concedida a una futura planta de materiales para baterías en Mérida. El trámite supone un paso relevante para que el proyecto avance desde la fase administrativa hacia la ejecución material, al completar el marco ambiental exigido para una instalación de este tipo.
La planta está promovida por Yuneng International (Spain) New Energy Battery Material, SLU y se proyecta en el Parque Empresarial Expaciomérida, dentro de la parcela I-103, con una superficie de 467.261 metros cuadrados, de acuerdo con la documentación publicada en el DOE.
Tramitación y próximos pasos
Según la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), la instalación fabricará fosfato de hierro y litio (LiFePO₄, LFP), un material empleado como material activo del cátodo en baterías de ion-litio. La capacidad prevista asciende a 50.000 toneladas al año, una cifra que sitúa la actuación en el grupo de proyectos industriales de mayor escala en la cadena de suministro de baterías.
El proyecto ya contaba con DIA favorable, correspondiente a una resolución de 16 de diciembre de 2025 que se publicó en el DOE el 29 de diciembre. La AAI que ahora se publicita viene a completar el paquete de permisos ambientales necesario para iniciar obra y despliegue, sin perjuicio de otras autorizaciones y licencias que siguen siendo obligatorias.
En el expediente se recuerda que el estudio ambiental y la solicitud de AAI pasaron previamente por información pública mediante anuncio en el DOE durante junio de 2025, antes de que el proyecto obtuviera la DIA favorable en diciembre. La secuencia refleja el itinerario habitual en instalaciones con potencial impacto ambiental, donde la AAI fija condiciones técnicas y límites de funcionamiento.
A partir de este punto, el calendario queda condicionado por hitos ya fuera del ámbito estrictamente ambiental. Entre ellos, la obtención de licencias municipales, la redacción y validación de los proyectos de ejecución, la contratación y la coordinación con infraestructuras y servicios del parque empresarial. La DIA, de hecho, subraya condicionantes urbanísticos y sectoriales y menciona aspectos como el saneamiento y los vertidos, además de autorizaciones que pueden ser necesarias en materia de dominio público hidráulico.
La documentación incorpora también un apartado de cautelas vinculadas al patrimonio. La parcela se sitúa dentro del ámbito del yacimiento arqueológico emeritense en zona de protección cautelar, lo que obliga a adoptar medidas preventivas y, en su caso, a realizar intervenciones arqueológicas cuando proceda. Estas exigencias suelen integrarse en el proceso de licencia y en la planificación de obra para evitar retrasos.
Inversión y empleo por fases
En su tramitación como Proyecto Empresarial de Interés Autonómico (PREMIA), el DOE publicó en abril de 2025 que el proyecto contemplaba una inversión prevista superior a 125 millones de euros y una creación de empleo de 160 UTA, unidades de trabajo anual que equivalen a puestos a jornada completa durante un año. Esa referencia ofrece una base documental para dimensionar el arranque del proyecto en su fase inicial.
Con posterioridad, la Junta trasladó que, según la información aportada por la empresa, el primer despliegue se movería alrededor de 116 millones de euros y unos 160 empleos, mientras que el plan de desarrollo completo elevaría el impacto hasta 800 millones y alrededor de 500 empleos directos. Se trata de cifras techo asociadas a un despliegue por fases y, por tanto, vinculadas a la materialización progresiva del proyecto.
La DIA aporta una fotografía más concreta del primer tramo. Durante la construcción estima una media de 100 empleos durante aproximadamente ocho meses. Para la operación, proyecta 60 trabajadores directos el primer año y 100 a partir del segundo, con un volumen de empleo indirecto de magnitud similar, lo que sugiere un crecimiento escalonado conforme se estabilice el proceso y se consolide la actividad.
En la parte técnica, el expediente describe una planta con un edificio principal de producción de 270 × 150 metros, equivalente a 37.500 metros cuadrados, y un edificio de oficinas de 100 × 20 metros, con 2.000 m². La documentación incluye además la existencia de áreas reservadas para futuras actuaciones, un elemento que encaja con la narrativa de ampliaciones posteriores si se ejecuta el plan completo.
El proceso productivo recogido en la DIA incluye, entre otras etapas, el secado por aspersión con tres torres y una cuarta de reserva. El calor se obtiene a partir de gases de combustión de gas natural mediante intercambiadores, de manera que no hay contacto directo entre los gases y el producto. Se trata de un detalle relevante en términos de control del proceso y gestión de emisiones.
En el apartado energético, la documentación apunta a alimentación desde una subestación eléctrica de Endesa ubicada dentro del parque. Para la primera fase se contempla abastecimiento en media tensión (15 kV) o alta tensión (66 kV) en función de condiciones técnico-económicas, un aspecto que suele ser determinante en proyectos electrointensivos y en la velocidad de ejecución.
Respecto al agua y los vertidos, el expediente prevé suministro desde la red municipal y una depuración previa in situ para asegurar que el vertido al alcantarillado cumpla los estándares urbanos, antes de su impulsión hacia la EDAR de Mérida. El proyecto incluye, además, una instalación fotovoltaica descrita como 282 paneles con una potencia total de 155 kWp, así como tanques de nitrógeno y un tanque de tormentas de 864 metros cúbicos, entre otras infraestructuras auxiliares.
Sobre el calendario, la Junta ha enmarcado este avance de permisos como un paso hacia una puesta en marcha con horizonte finales de 2026. En todo caso, a estas alturas debe interpretarse como una previsión, ya que la entrada en operación dependerá de licencias, obra civil, suministro y montaje de equipos, y una fase de pruebas y puesta a punto del proceso antes del inicio de producción estable.