Óscar Puente ha defendido con fuerza las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y ha asegurado que estas áreas no pretenden “expulsar” a nadie de las ciudades ni forzar la compra de un coche nuevo, sino corregir lo que considera un uso excesivo e ineficiente del vehículo privado en los núcleos urbanos. El ministro lo hizo en la V Jornada de Movilidad Sostenible de elDiario.es.
Puente respondió así a una de las críticas más repetidas desde que las ZBE empezaron a desplegarse, la acusación de que son una medida “de clase” que perjudica a quienes no pueden renovar su coche. El ministro cargó contra ese argumento, y lo presentó como una simplificación interesada de un problema urbano complejo. En su planteamiento, la discusión no va de ricos contra pobres, sino de cómo ordenar la movilidad en zonas donde se concentran tráfico, ruido y emisiones.
El 20% de los desplazamientos en coche no supera un kilómetro
Para sostener su postura, Puente enmarcó la cuestión en el modelo de ciudad europeo, haciendo referencia a los centros históricos densos, con mucha actividad económica y social, en los que el coche ha ido ganando espacio durante décadas “sin mucho orden ni concierto”. Ese proceso, dijo, ha convertido el centro en un auténtico “activador de movilidad”, porque muchos trayectos que empiezan en una periferia y terminan en otra lo atraviesan como atajo, aunque no tengan allí su destino real.
El ministro reforzó esa idea con un dato que considera revelador: en ciudades medias españolas, alrededor del 20% de los desplazamientos en coche no supera un kilómetro. Para Puente, esa cifra ilustra el problema de raíz, que el vehículo privado se usa con frecuencia para trayectos muy cortos, que podrían resolverse con alternativas menos contaminantes, y eso acaba saturando los centros urbanos con un tráfico que no es imprescindible.
A partir de ahí, defendió que no basta con ofrecer un buen transporte público. Según Puente, además de mejorar autobuses, metro o Cercanías, las administraciones deben introducir medidas que desincentiven el coche en zonas concretas, incluso mediante limitaciones de acceso. Las ZBE, explicó, son precisamente eso, perímetros relativamente reducidos pensados para evitar el “uso irracional” del coche en el corazón de las ciudades.
Puente también quiso desmontar el mensaje de que “si no tienes etiqueta ambiental no puedes entrar”. Recordó que la mayoría de ordenanzas incluyen excepciones para casos habituales, desde acudir a una consulta médica hasta acceder a un aparcamiento o realizar determinados servicios. Por eso insistió en que llevar la discusión al extremo de “o cambias de coche o no puedes vivir con normalidad” no refleja cómo funcionan realmente estas zonas.
La Ley de Cambio Climático aprobada en 2021 obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y a las capitales de provincia a implantar estas áreas con restricciones a los vehículos más contaminantes. La medida forma parte del compromiso español con los objetivos europeos de calidad del aire y reducción de emisiones, y se ha vinculado a programas de financiación y planes municipales de movilidad.
Sin embargo, la implantación real está siendo desigual. En 2025 todavía hay ciudades que apenas han delimitado sobre el papel su ZBE, otras que la han activado sin régimen sancionador efectivo y algunas que avanzan con fases muy graduales para adaptarse al parque móvil local. Esa disparidad, además, ha intensificado la pelea política en ayuntamientos, con gobiernos que defienden su despliegue y oposiciones que buscan frenarlo o recortarlo.
En los municipios donde el control sí funciona, con cámaras, señalización clara y multas, por regla general, se restringe primero a los vehículos más contaminantes y se aplican periodos de adaptación. En ciudades como Getafe (Madrid), por ejemplo, ya se sanciona el acceso indebido con multas de 200 euros, un modelo de vigilancia automatizada que se extenderá en los próximos meses a más zonas de España.
De hecho, Bilbao aplica la misma cuantía (200 euros, con descuento por pronto pago) a quien entre sin cumplir la normativa de su ZBE, con control basado en lectura de matrículas. Y Málaga activará también sanciones de 200 euros por acceso no autorizado a partir del 30 de noviembre, igualmente con supervisión automatizada, siguiendo el patrón que se está generalizando en las grandes ciudades.
Puente cerró su defensa asegurando que las ZBE no son una ofensiva “anti-coche”, sino una herramienta de racionalización urbana. A su juicio, acabarán consolidándose en España como ya ocurrió en otras ciudades europeas con las peatonalizaciones o los carriles bici, pese a la resistencia inicial. El ministro lo resumió con una frase tajante: “La transición es inevitable”. Y, en esa transición, las ZBE son uno de los instrumentos con los que el Gobierno pretende reducir emisiones allí donde más se concentran y empujar a un uso más lógico del coche en la ciudad.