Las restricciones a los vehículos más antiguos y contaminantes ya no son una promesa: en varias ciudades españolas han comenzado a aplicarse limitaciones concretas que afectan, sobre todo, a los coches diésel de más de diez años (los que llevan la etiqueta B de la DGT) y a los turismos de gasolina matriculados antes de 2007.
La oleada de ordenanzas locales y zonificaciones responde a la extensión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que desde 2024 y 2025 han puesto en marcha normas más estrictas para mejorar la calidad del aire urbana.
La etiqueta B de la DGT
La Dirección General de Tráfico (DGT) define la etiqueta B como distintivo amarillo para turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas desde el 1 de enero de 2001 y para los diésel desde 2006, y es precisamente ese catálogo el que las administraciones emplean para determinar qué vehículos deben recibir limitaciones. La medida, técnica en su formulación, tiene un efecto práctico inmediato: restringir el acceso de una parte relevante del parque a los cascos urbanos más densos.
La implementación, no obstante, es desigual. Algunos grandes municipios (entre ellos Madrid) ya expulsaron de facto a los vehículos sin distintivo o con etiquetas más antiguas en áreas amplias del municipio, y han ido desplegando restricciones progresivas sobre las etiquetas B y C en zonas de especial protección.
Madrid 360, el plan municipal, amplió su ZBE y endureció condiciones de acceso desde 2024 y 2025, con excepciones limitadas para residentes, suministros y servicios esenciales. En Barcelona, la ZBE metropolitana mantiene criterios similares: prohíbe de forma permanente la circulación de vehículos que carecen de distintivo y aplica limitaciones según categoría en episodios o permanentemente.
El resultado es un movimiento coordinado de ayuntamientos que, según recuentos periodísticos y técnicos, suma ya más de treinta ciudades que han anunciado o activado limitaciones para la etiqueta B en sus Zonas de Bajas Emisiones. Algunas comunidades autónomas van incluso más lejos: el Gobierno catalán ha planteado calendarios que, en su hoja de ruta, acabarían restringiendo el acceso de los B de manera más amplia en los próximos años, lo que tensiona la transición para conductores y flotas.
Para el conductor particular la consecuencia es directa: perder accesos habituales, ver reducida la posibilidad de aparcar en determinados barrios o enfrentarse a multas si ignora la normativa. Las administraciones suelen contemplar excepciones y periodos transitorios, además de planes de ayudas o incentivos (bonos, achatarramiento o subvenciones) para la compra de vehículos menos contaminantes.
Sin embargo, la cobertura y cuantía de estos programas varía mucho entre municipios y comunidades. En paralelo, las empresas de leasing y las flotas de reparto comienzan a acelerar la renovación de su parque hacia modelos eléctricos o con distintivos C y ECO para garantizar operativa en ZBE.
El impacto ambiental esperado es tangible: las ZBE persiguen reducir NO₂ y partículas en áreas densas, mejorar la salud pública y fomentar la electrificación del transporte, elemento clave para alcanzar los objetivos de descarbonización del sector. Para el mercado de vehículos electrificados, las restricciones funcionan como palanca de demanda: la incertidumbre regulatoria empuja a particulares y empresas a contemplar la compra de eléctricos, híbridos enchufables o a recurrir a opciones de movilidad compartida.
No obstante, los expertos advierten que la transición debe ir acompañada de infraestructura de recarga, planes sociales y medidas de apoyo para evitar efectos regresivos sobre hogares con menos recursos.
También hay interrogantes jurídicos y operativos. Los tribunales han sido llamados en distintos municipios por recursos de asociaciones de vecinos o colectivos de transportistas; además, la coexistencia de ordenanzas municipales con normativa autonómica o estatal obliga a coordinar calendarios y excepciones. A nivel práctico, la verificación de distintivos a través de cámaras y lectores de matrícula exige sistemas fiables y campañas de información para evitar sanciones por desconocimiento.