La nueva economía pasa por la descarbonización, y la descarbonización del transporte no se entiende sin la electrificación de la movilidad. Sin embargo, esta transición solo será posible si contamos con una infraestructura de recarga robusta, accesible y eficiente, capaz de dar respuesta a las necesidades actuales y de anticiparse a las futuras.
En este sentido, los datos del V Informe OBS sobre Movilidad Eléctrica nos invitan al optimismo: España ha sido uno de los países que más ha acelerado el despliegue de infraestructura de recarga en el primer semestre del año. No solo eso, también contamos con el mejor ratio de potencia por vehículo eléctrico y con un nivel de uso de la infraestructura pública inferior al 10 %. Esto significa que, actualmente, la red de recarga está adaptada a la demanda real, al menos para el sector turismo. Y es que como también destaca el informe, la infraestructura adaptada a la recarga de vehículos pesados no supera el 8% del total, siendo todavía un gran reto que abordar.
Comparando con otros países europeos, vemos que España ha logrado avances significativos en cuanto a cobertura y potencia disponible, aunque todavía quedan diferencias importantes en eficiencia, tiempos de instalación, incluso concentración del mercado, que de ponerle foco y actuar sobre ello mejoraría la competitividad y la rapidez del despliegue de la movilidad eléctrica en todos los segmentos de vehículos.
Un mercado muy concentrado
Y es que, en España, el mercado de la recarga se concentra en un 50 % en solo dos operadores, lo que genera dependencia y reduce la competitividad. A esto se suman unos plazos de instalación que pueden llegar hasta los tres años, triplicando los tiempos de otros países europeos. Un retraso que impacta directamente en los más de 170 operadores de recarga que ya existen en España y que acumulan costes cercanos a los 114 millones de euros. Además, garantizar la interoperabilidad entre redes, como marca la normativa europea, y la correcta distribución de puntos de recarga en zonas rurales y urbanas sigue siendo un desafío pendiente.
Pero, más allá de los problemas regulatorios, técnicos o económicos, existen otras barreras que no siempre se visibilizan: las barreras mentales. La mayoría de las resistencias a la movilidad eléctrica tienen que ver con percepciones sobre el precio de los vehículos o la supuesta falta de infraestructura, cuando las opciones son cada vez más completas y asequibles.
De hecho, como se indica en el Informe OBS, el TCO, que es el coste total, incluyendo todos los costes asociados con la propiedad y operación del vehículo a lo largo de su ciclo de vida, es menor que el de su homólogo en combustión, tanto para un turismo como para una furgoneta eléctrica.
Asimismo, la movilidad eléctrica ofrece beneficios más allá de la reducción de emisiones de CO2. La electrificación del transporte contribuye a mejorar la calidad del aire en las ciudades, reduce la dependencia energética de combustibles fósiles y fomenta la innovación tecnológica y la creación de empleo en sectores estratégicos. No podemos perder de vista que cada inversión en infraestructura de recarga es también una inversión en sostenibilidad, resiliencia y competitividad.
Por tanto, la clave ahora está en seguir trabajando en derribar los obstáculos administrativos y de mercado que ralentizan el despliegue de la infraestructura. Adaptar esta infraestructura y ayudas para vehículos pesados y combatir con información y experiencias reales esas barreras mentales que hacen que, a menudo, la percepción de la realidad sea más limitante que la propia realidad.
La transición hacia la movilidad eléctrica no es solo una cuestión tecnológica, es una cuestión estratégica que requiere de una visión 360º, mayor transparencia y gestión del cambio, pero que, sin duda, sigue avanzando.