La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha salido al paso de los mensajes que circulan en redes y foros sobre las balizas V16 conectadas (obligatorias en España desde el 1 de enero de 2026) para desmentir que supongan un sistema de vigilancia o rastreo del conductor.
En una nota oficial, el organismo recuerda que el cambio normativo, impulsado por la DGT, sustituye a los triángulos de emergencia con el objetivo principal de reducir atropellos y mejorar la señalización de incidencias sin que el usuario tenga que bajar del coche.
Privacidad y límites de la baliza V16
Según la AEPD, cuando se activa una V16 conectada el dispositivo emite la luz amarilla de señalización y envía automáticamente a los sistemas de tráfico la ubicación del vehículo detenido junto a un identificador técnico de la baliza. Ese identificador, subraya, no está asociado a una persona ni a la matrícula, y no existe un registro que permita vincular el aparato con la identidad del usuario. La agencia insiste en que la compra es anónima y, por tanto, no hay que facilitar datos personales a ninguna administración, por lo que la DGT no sabe quién ha adquirido o utiliza la baliza.
El organismo de privacidad añade que la baliza no transmite datos mientras está apagada y que, una vez encendida por una avería o emergencia, solo emite señal durante el tiempo que permanece activada. Por tanto, la información enviada no permite saber quién conduce ni reconstruir desplazamientos, y no se generan historiales de movimiento ni comunicaciones continuas. Es la respuesta directa a los bulos que atribuían a la V16 una supuesta geolocalización permanente.
La AEPD también recuerda un punto clave del marco legal: estas balizas están destinadas exclusivamente a hacer visible el vehículo inmovilizado y a enviar su posición al activarse, y la normativa prohíbe expresamente que incorporen funcionalidades adicionales. La advertencia apunta al mercado paralelo de dispositivos “vitaminados” o no homologados que prometen apps de seguimiento u otras funciones, y a posibles vendedores que pidan datos como matrícula o DNI, algo que no es necesario para cumplir la ley.
Hasta el 31 de diciembre de 2025 todavía es válido señalizar con triángulos o con V16 sin conexión, pero desde el 1 de enero de 2026 solo será legal la V16 conectada y homologada, enlazada con la plataforma DGT 3.0. Estas unidades llevan eSIM y conectividad IoT con servicio de datos garantizado durante más de una década, de modo que la señal de emergencia llega a los sistemas de tráfico y puede replicarse en paneles viales o navegadores para alertar a otros conductores.
La obligatoriedad está recogida en el Real Decreto 159/2021 (modificado por el 1030/2022) y su incumplimiento podrá acarrear sanciones económicas. Las guías publicadas por la DGT y distintos análisis legales sitúan las multas por no llevar o no usar correctamente una V16 conectada en torno a los 200 euros, además de posibles responsabilidades en caso de accidente. También se sancionará el uso fraudulento de la baliza (activarla sin emergencia real), con cuantías que pueden ser mucho más elevadas.
La opinión de Pere Navarro, director de la DGT
Pere Navarro, director general de Tráfico, también se ha pronunciado sobre la polémica de las balizas V16 y ha afirmado que “no hay excusas ni prórrogas”. Navarro recalca que la norma se aprobó hace años y que ha habido un periodo de transición suficiente, por lo que descarta cualquier marcha atrás pese a las dudas y críticas que han surgido en las últimas semanas.
El eje de su argumentario es la seguridad vial. La DGT lleva tiempo sosteniendo que los triángulos ponen en riesgo al conductor porque obligan a salir del coche y caminar por la calzada; Navarro insiste en que la V16 reduce atropellos en vías rápidas al poder colocarse desde el interior y hacerse visible de inmediato. Para él, el cambio no es “tecnológico”, sino una medida de prevención clara frente a un escenario de accidentes recurrente.
Según su visión, la baliza deja de ser solo luz para convertirse en una herramienta integrada en la gestión del tráfico, porque al activarse manda la posición del vehículo y permite alertar a otros usuarios por canales oficiales. En paralelo, ha advertido del riesgo de comprar dispositivos no certificados o “compatibles” que no cumplirán la ley en 2026.