Ha sido una de las medidas más polémicas tomadas en los últimos años. En 2016 España, al igual que muchos otros países de la Unión Europea, empezó a utilizar las famosas etiquetas medioambientales. Distintivos que catalogan y segmentan el parque de vehículos en función de su grado de emisiones contaminantes. Las pegatinas B, C, ECO y CERO ya forman parte del día a día de millones de conductores de todo el país. Dada la mayor cantidad de ZBE (Zonas de Bajas Emisiones), el distintivo medioambiental se ha convertido en poderoso argumento de compra a la hora de buscar un coche nuevo.
Durante mucho tiempo se ha especulado con que la Dirección General de Tráfico (DGT) iba a cambiar la forma de asignación al considerarse injusta la catalogación de algunos modelos. Los híbridos enchufables y los microhíbridos han levantado muchas ampollas entre usuarios, técnicos y organizaciones medioambientales. Los microhíbridos (MHEV) reciben la misma etiqueta ECO que los híbridos, aunque no sean capaces de moverse de forma eléctrica. Los híbridos enchufables reciben el mismo distintivo CERO que los eléctricos, aunque ha quedado sobradamente demostrado que sus emisiones son mucho más altas de lo que dicen ser.
Etiquetas sin cambios, al menos por el momento
Esta era una de las enmiendas que el PP quería introducir en la recién aprobada nueva Ley de Movilidad Sostenible (LMS). Finalmente, tal y como contempla el texto definitivo, el Gobierno no tendrá que realizar, al menos de momento, un estudio para actualizar las etiquetas de la DGT. Ya no existe una obligación legal para que “en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de esta ley el Gobierno presentara un estudio que analizara la necesidad de actualizar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico, teniendo en cuenta la evolución tecnológica de los vehículos, para solventar las deficiencias detectadas en materia de contaminantes e incluir las emisiones de CO2 como criterio adicional”.
Las etiquetas de la DGT se quedan como están, al menos por el momento, aunque no han sido pocas las ocasiones en las que la propia Dirección General de Tráfico ha coqueteado con la posibilidad. La nueva Ley ahora aprobada no es impedimento para que el Ejecutivo pueda acometer más adelante una revisión. Ese sería el caso en el que Europa presionase para ello. Desde las más altas instancias de la Unión Europea se están preparando cambios significativos que afectarán a millones de conductores en todo el Viejo Continente. Fuentes del Parlamento Europeo han reconocido que la estrategia de movilidad eléctrica será profundamente revisada.
La votación realizada ayer en el Congreso de los Diputados trae consigo algunas novedades importantes. Supone un hito para la descarbonización del transporte y, sobre todo, para la expansión del coche eléctrico en el ámbito corporativo. En un plazo máximo de 18 meses, las empresas que cuenten con entre 500 trabajadores, o 250 por turno, deberán disponer de medidas de Transporte Sostenible al Trabajo. Además, las ZBE quedarán armonizadas bajo un nuevo marco legal general. La nueva Ley de Movilidad Sostenible es una pieza estratégica dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su puesta en marcha era ineludible para desbloquear 10.000 millones de euros pertenecientes al quinto paquete de fondos europeos Next Generation.