La normativa que regula los vehículos de movilidad personal (VMP) en España da un paso fundamental hacia la formalización del transporte urbano ligero: desde el 2 de enero de 2026 será obligatorio contratar un seguro de responsabilidad civil para buena parte de los patinetes eléctricos (y las bicicletas de mayor potencia no pedelec),
Además deben incluirse en un registro gestionado por la Dirección General de Tráfico (DGT) y portar una etiqueta identificativa. La reforma nace con el objetivo de proteger a terceros, dar trazabilidad a los vehículos y reducir la conflictividad en las ciudades.
Los números mandan: aumentan los accidentes de los VMP
La medida responde, en parte, a una realidad preocupante: los siniestros con VMP aumentaron en 2024, con casi 400 incidentes denunciados, 240 heridos y 14 fallecidos, según el análisis de entidades del seguro y estudios sectoriales. Ese crecimiento en la siniestralidad fue uno de los argumentos que esgrimieron las autoridades para endurecer el marco regulatorio. La exigencia de seguro pretende garantizar que, ante un accidente, existan recursos para indemnizar a las víctimas sin depender de la solvencia del usuario.
Lejos de ser un freno, la regulación aporta certezas que benefician a toda la movilidad eléctrica. Al exigir certificado de circulación, homologación y registro, se elimina la heterogeneidad técnica de vehículos que circulan sin control, lo que favorece la convivencia entre peatones, ciclistas, usuarios de patinetes y conductores de coches eléctricos. Una oferta segura y regulada favorece, además, la confianza del público y de los inversores en la infraestructura compartida de movilidad.
La DGT ya ha establecido plazos para homogeneizar criterios técnicos: a partir del 22 de enero de 2027 sólo podrán circular los VMP que cuenten con certificación conforme al manual de características publicado por la institución, un requisito que dará seguridad jurídica y técnica al mercado. Ese calendario introduce una ventana de adaptación para fabricantes, distribuidores y usuarios.
En lo económico, la nueva regulación incorpora sanciones disuasorias: circular sin seguro o sin la documentación exigida puede acarrear multas que se mueven entre los 200 y los 1.000 euros en función de la gravedad. Al mismo tiempo, se estima que la prima anual de un seguro específico para este segmento podría situarse en un rango aproximado de 20 a 100 euros, dependiendo de coberturas y garantías, lo que convierte al coste en asumible si se valora junto al ahorro operativo que ofrece la movilidad eléctrica.
Ese ahorro operativo es precisamente uno de los grandes argumentos a favor de los vehículos eléctricos: menor coste por kilómetro, reducción de mantenimiento y menor impacto ambiental. La normalización administrativa de patinetes y bicicletas potentes impulsa sinergias con la movilidad eléctrica de cuatro ruedas (coches y furgonetas eléctricas) en cuestiones como interoperabilidad de pagos, infraestructura de recarga y modelos de seguro adaptados a flotas urbanas compartidas. En otras palabras, un ecosistema regulado facilita la integración de todos los modos eléctricos en la ciudad.
Las exenciones también están contempladas: las bicicletas pedelec (asistencia al pedaleo hasta 25 km/h y potencia máxima de 250 W) mantienen su estatus de vehículo ligero exento de seguro obligatorio, lo que protege la modalidad de micromovilidad más extendida y asequible. La distinción técnica entre categorías contribuye a penalizar sólo a los aparatos que supongan un mayor riesgo por velocidad o potencia, manteniendo espacio para la movilidad activa.
La certificación técnica y el registro impulsarán la demanda de modelos homologados, fomentarán la entrada de seguros específicos y favorecerán servicios de posventa, mantenimiento y reciclaje. Además, la formalización abre la puerta a modelos de negocio más maduros (flotas compartidas, suscripción, microseguro) que pueden acelerar la adopción de soluciones eléctricas seguras y sostenibles.
El cambio normativo a la circulación urbana: menos vehículos improvisados en aceras, mayor protección para peatones y una convivencia más ordenada con el resto de modos de transporte. Mientras las ciudades despliegan infraestructuras de recarga y carriles protegidos, la nueva regulación añade la pieza administrativa que faltaba para transformar la movilidad personal en una opción fiable y cotidiana.