Un aspecto clave para que la penetración de los coches eléctricos (y de los coches híbridos enchufables) en el mercado aumente es que la red de recarga crezca para acoger a un parque automovilístico altamente electrificado. El problema radica en que ésta no aumenta su densidad al ritmo esperado, pero es algo que se explica por el alto precio que tiene la instalación de puntos de carga eléctrica públicos.
Poco a poco aumenta su presencia, tanto en hubs específicos como en gasolineras, que diversifican su oferta para ofrecer nuevos servicios. Pero lo que dificulta la expansión es el coste, que es difícil de concretar porque depende de muchos factores, pero que en España puede oscilar entre los 10.000 y los 100.000 euros. Esta variación depende esencialmente de la potencia del punto de carga, el tipo de tecnología que se instale, la complejidad de los trabajos que conlleve la instalación y el coste de conexión a la red eléctrica.
¿Por qué es tan caro?
A diferencia de una instalación doméstica, donde un wallbox básico puede costar unos pocos miles de euros, los puntos de carga públicos requieren equipos industriales, estructuras más robustas y conexiones de mayor capacidad para garantizar la fiabilidad y seguridad. Hay que tener en cuenta que son estaciones que se usan de manera intensiva, mucho más a menudo que un cargador del hogar, así que sus necesidades son más elevadas.
Uno de los aspectos clave del precio es la potencia a la que operan:
- Los puntos de carga convencionales de potencia media (por ejemplo, 22 kW en corriente alterna) se sitúan en el tramo inferior de coste, alrededor de entre 10.000 y 30.000 euros.
- Los puntos de carga rápida o ultrarrápida, especialmente los que funcionan en corriente continua (DC) con potencias por encima de 150 kW, pueden elevar el presupuesto hasta los 60.000 o 100.000 euros.
El problema es que, en pleno 2026, los primeros se consideran ya de carga lenta y lo que demandan los usuarios de vehículos de baterías son los del segundo tipo, que operen a 100 kW o más, para poder tener recargas rápidas que obliguen a estar menos tiempo parado. Es por eso que quien quiera instalar nuevas estaciones de carga, debe decantarse por las segundas para estar en línea con el mercado, lo que implica una inversión considerable.
El problema del tiempo
Otro escollo lo constituye el propio parque automovilístico español: no hay suficientes coches eléctricos como para rentabilizar los puntos de recarga. En España hay uno por cada 9 coches eléctricos, mientras que en países donde la presencia de los EV es más común, como por ejemplo Noruega, es de uno por cada 20, lo que hace que se utilicen más a menudo y, por tanto, sean más rentables. Al ritmo actual se calcula que hacen falta 20 años para rentabilizar los puntos de carga españoles, lo que desincentiva la inversión.
Y la problemática del tiempo no solo afecta a su rentabilización, también constituye una pega directamente en su instalación. Un aspecto que a menudo se pasa por alto es el tiempo que puede transcurrir desde que se decide instalar un punto de recarga hasta que está operando. Puede ser de hasta tres años por motivos administrativos, trámites de permisos, trámites técnicos y, sobre todo, la conexión final a la red eléctrica.
También está por ver qué ayudas hay estatales a la instalación de nuevos puntos de carga eléctricos. Dentro del Plan España Auto 2030, el gobierno anunció un nuevo Moves Corredores, dotado con 300 millones de euros. Ya están abiertas las solicitudes y en la web puede verse que el presupuesto final es de 200 millones y que “la intensidad de ayuda máxima que podrá solicitarse será del 70% del coste elegible, dentro de los límites establecidos en el artículo 36 bis del Reglamento (UE) nº 651/2014,de la Comisión, de 17 de junio de 2014”. Además, figura que el plazo máximo de la ejecución debe ser de 36 meses desde la concesión de la ayuda, lo que confirma la tardanza de 3 años desde que comienza el proyecto hasta que se materializa.