La polémica por las balizas V16 conectadas continúa. La última persona en cuestionar su implementación a partir del 1 de enero de 2026 ha sido la periodista y analista económica, Pilar García de la Granja. En su sección “Economía de bolsillo” de Herrera en COPE, ha calificado la medida como una compra forzada y asegura que “alguien se está llevando crudo”, aludiendo al impacto económico para los conductores y a las sanciones previstas para quien no la lleve en el vehículo.
La colaboradora explicó que la V16 conectada es una baliza luminosa amarilla con visibilidad 360 grados que debe colocarse en el vehículo sin necesidad de bajar a la calzada. Subrayó que, para ser válida desde 2026, tendrá que estar homologada y contar con conectividad para enviar la ubicación del coche detenido a la plataforma DGT 3.0 cuando se activa. La norma exige que la luz funcione de forma intermitente durante al menos 30 minutos y que el dispositivo disponga de batería o pilas con autonomía suficiente.
El precio de la V16 alimenta el debate
García de la Granja situó el precio de mercado entre 25 y 60 euros por unidad, en función de si es recargable o de pilas. En España, la baliza será obligatoria para todos los vehículos nacionales, lo que convierte la transición en un gasto masivo para un parque que supera los 25 millones de turismos. Esa magnitud explica que parte de la conversación pública haya derivado hacia un marco de “recaudación” o “negocio”, especialmente tras difundirse que las multas por no llevarla podrían alcanzar los 200 euros.
Una de las grandes polémicas que rodean a la baliza V16, como ha subrayado la periodista, es su carácter singular dentro de la Unión Europea, ya que España es, por ahora, el único país que ha aprobado su implantación obligatoria. "La mayor parte de los países tienen el sistema de triángulos", señaló en antena. Ese hecho, añadió, refuerza sus sospechas sobre el trasfondo económico de la medida y la llevó a cargar con dureza contra la obligatoriedad, al afirmar que “alguien está haciendo su agosto en diciembre, que se está forrando, y tú, a pagar”.
La DGT, sin embargo, defiende el cambio como una medida de seguridad vial. Tráfico argumenta que los triángulos obligan a salir del coche y caminar por la calzada o el arcén, una maniobra especialmente peligrosa en autopistas y autovías, donde se han producido atropellos mortales. Con la V16, el conductor sitúa la baliza en el techo desde el interior del vehículo y consigue señalizar el peligro sin exponerse al tráfico. Además, la geolocalización automática permite avisar a otros usuarios a través de paneles y navegadores conectados a DGT 3.0.
Otro foco de controversia ha sido la privacidad, alimentada por rumores en redes que hablaban de rastreo permanente. Aquí ha intervenido la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha publicado un comunicado para desmontar esos bulos. Según la AEPD, la baliza solo transmite datos cuando se activa, envía la ubicación del vehículo y un identificador técnico del dispositivo que no está asociado a la matrícula ni a la identidad del conductor, sin registro de compradores. Apagada no emite nada y, encendida, deja de transmitir al apagarse, sin generar historiales de movimiento.
El comunicado de la AEPD añade que estas balizas están destinadas exclusivamente a señalizar y enviar ubicación al activarse, y queda prohibido que incorporen funciones adicionales. El recordatorio apunta directamente a los dispositivos “vitaminados” o sin homologar que se venden con apps propias, seguimiento continuo u otras prestaciones no permitidas, y a vendedores que pidan datos personales en la compra, algo innecesario para cumplir la ley.
Desde el 1 de enero de 2026, solo será válida la V16 conectada y homologada. No llevarla supondrá una infracción administrativa, donde según fuentes de la Guardia Civil y análisis legales sitúan las sanciones en 80 euros por no portar el dispositivo y hasta 200 euros por no señalizar correctamente una inmovilización. El marco sancionador contempla multas mucho mayores si se usa de forma fraudulenta. Activar la baliza sin una emergencia real o utilizarla para generar avisos falsos en el sistema DGT 3.0 puede considerarse una infracción grave, con cuantías que en algunos supuestos pueden elevarse de forma notable.
España es, por ahora, el único país de la UE que ha apostado por un sistema conectado obligatorio para sustituir los triángulos, algo que también ha señalado García de la Granja como parte de su crítica. La DGT, no obstante, sostiene que la experiencia española puede servir de referencia y recuerda que los vehículos extranjeros que circulen por España podrán seguir usando triángulos si ese es el sistema exigido en su país de origen.