La prohibición, por parte de la UE y a partir de 2035, de la venta de coches nuevos con motor de combustión, incluidos híbridos e híbridos enchufables; está enfrentando al sector del automóvil en Europa.
Si en las últimas semanas, gobiernos como el de Alemania, organizaciones como la patronal de fabricantes europea ACEA y CEO como el de Stellantis o el de Skoda han abogado en declaraciones públicas porque la UE flexibilice la postura que aprobó el pasado 12 de mayo de 2022; ahora la oposición a esta medida se ha hecho de forma oficial y mucho más contundente: con una carta firmada por seis países de la UE ante la Comisión Europea.
Seis países predicen un “desierto industrial”, España calla
Y todo ello ocurre cuando la UE acaba de indicar que retrasa cualquier posible decisión sobre la prohibición del motor de combustión al próximo 16 de diciembre y está negociando el fin de los aranceles para los coches europeos fabricados en China.
La carta en cuestión, firmada por los seis primeros ministros de Italia, Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia, no duda en presentar un futuro nada hogareño para la industria de Europa si la UE no retira la citada prohibición.
Así, solicita a la Comisión Europea que permita la venta de automóviles híbridos o vehículos impulsados por otras tecnologías, existentes o futuras, "que podrían contribuir al objetivo de reducir las emisiones".
Por otro lado, también solicita a la UE que, a partir de 2035 también se permita el uso de combustibles bajos en carbono y renovables, asimismo con el objetivo de reducir las emisiones de carbono del transporte.
Estos seis países abogan por seguir persiguiendo una reducción de emisiones, pero sin sacrificar la industria del automóvil europea: "podemos y debemos perseguir nuestro objetivo climático de una manera efectiva, sin matar nuestra competitividad mientras tanto, ya que no hay nada verde en un [futuro] desierto industrial", señalan los políticos en esta carta.
Y mientras estos seis países presentan esta petición oficial, Alemania presiona en la sombra y otros países con una importante industrial del automóvil, como España -recordemos, el segundo productor de automóviles europeo sólo por detrás de Alemania- y Francia, callan.
La postura de España, al menos, es consecuente con la presentación, la semana pasada, del Plan Auto 2030. El Gobierno de nuestro país no ha facilitado los detalles, pero sí ha asegurado que contará con 400 millones de euros en ayudas directas a la compra de coches eléctricos, que se englobarán en un paquete de ayudas de 1.280 millones de euros que incluirán asimismo subvenciones a proyectos industriales a favor de la electromovilidad y a la instalación de puntos de recarga en zonas que aún no cuentan con ellos.